Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 9, Número 16 (Ed. ene – jun. 2025) ISSN: 2697-3456
Contextos del derecho ambiental y humanos en escenarios de la política pública ecuatoriana.
multinacionales y el Estado. Las
comunidades indígenas, en
aprueben o continúen sin una
evaluación adecuada (Subía-
particular, han sido protagonistas en
la defensa de sus territorios y
derechos colectivos, los cuales están
en riesgo debido a la expansión de
proyectos extractivos que, en
muchos casos, cuentan con el
respaldo del gobierno bajo el
argumento del desarrollo económico
Cabrera & Subía-Cabrera, 2022).
La degradación ambiental no solo
afecta los ecosistemas, sino que
tiene un impacto directo en la vida y
el bienestar de las personas. En
particular,
las
comunidades
indígenas y rurales, que dependen
directamente de los recursos
naturales para su subsistencia, son
(Zambrano Noles et al., 2018).
La aplicación del derecho ambiental
en Ecuador se enfrenta
especialmente
vulnerables.
La
a
contaminación de fuentes de agua,
la deforestación y la pérdida de
biodiversidad tienen consecuencias
graves para su salud, seguridad
importantes desafíos institucionales
y de gobernanza. Aunque el marco
normativo es robusto, con leyes y
reglamentos que promueven la
protección del medio ambiente, la
realidad en el terreno refleja una
alimentaria
y
formas de vida
tradicionales. Este vínculo entre
derechos ambientales y humanos ha
brecha
significativa
entre
la
sido
reconocido
en
diversos
legislación y su cumplimiento. Las
instituciones encargadas de la
supervisión y control, como el
Ministerio del Ambiente y las
agencias regulatorias, a menudo
carecen de los recursos necesarios
para llevar a cabo una fiscalización
efectiva. La corrupción y la falta de
transparencia en la toma de
decisiones agravan esta situación,
permitiendo que proyectos que
vulneran los derechos de la
naturaleza y de las comunidades se
instrumentos internacionales, pero
su aplicación efectiva en Ecuador
sigue siendo un reto (Cedillo Pinos &
Morán Vélez, 2020).
En el ámbito de la política pública, se
ha observado una tensión constante
entre los objetivos de conservación
ambiental y las metas de desarrollo
económico. A pesar del discurso
oficial que promueve el buen vivir
(sumak kawsay) como un modelo de
desarrollo sostenible que respeta
tanto a la naturaleza como a los
901