Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 10, Número 19 (Ed. jul – dic. 2026) ISSN: 2697-3456  
Movilidad humana y derechos a la integridad social.  
MOVILIDAD HUMANA Y DERECHOS A LA INTEGRIDAD SOCIAL  
HUMAN MOBILITY AND RIGHTS RELATED TO SOCIAL INTEGRITY  
1
2
Acosta-Velásquez Gianella Elizabeth ; Franco-Menéndez John Alexis ;  
3
4
Santana-Castro Luis Alberto ; Alcívar-Salinas Laura  
1
2
3
4
Investigadora Independiente. Manta, Ecuador. Correo: lauris_alcivar@hotmail.com.  
Resumen  
El reconocimiento del derecho a migrar en el Ecuador coexiste con barreras que impiden  
garantizar la protección de las personas o la inclusión de quienes llegan o pasan por el país. El  
presente artículo pone de manifiesto la estrecha relación entre las trayectorias migratorias y la  
situación de la documentación de las personas migrantes, la integridad personal, así como el  
acceso a derechos sociales, con una atención especial a la población venezolana. Se realizó una  
revisión narrativa de 20 artículos científicos, en inglés y español, publicados entre 2022 y 2026.  
La síntesis de los estudios que componen esta revisión narrativa se organizó de acuerdo con  
tres ejes: movilidad y regularización, integridad personal y bienestar psicosocial, e inclusión en  
salud, educación y empleo. Los estudios articulados a los ejes analizados describen obstáculos  
burocráticos, prácticas discriminatorias y barreras, dificultades para acceder servicios y acceder  
al empleo. Las investigaciones sobre fronteras además indican la importancia del género y la  
radicalización en las experiencias de violencia y de malestar psicosocial. Se concluyó que la  
situación de documentación facilita el ejercicio de derechos bajo la condición de que los procesos  
sean accesibles, existan mecanismos de protección y que haya servicios que sean capaces de  
sostener la atención en el proceso de migración.  
Palabras claves: movilidad humana, integridad personal, inclusión social, derechos humanos,  
Ecuador.  
Abstract  
Ecuador recognizes the right to migrate, yet people arriving in or transiting through the country  
face barriers to personal protection and social inclusion. This article examines how migration  
trajectories and documentation status relate to personal integrity and access to social rights, with  
a focus on Venezuelan migrants. A narrative review included 20 scientific articles in Spanish and  
English published between 2022 and 2026. The synthesis addressed three themes: mobility and  
regularization, personal integrity and psychosocial well-being, and inclusion in health care,  
education, and employment. The studies describe documentation barriers, discriminatory  
practices, and difficulties accessing services and employment opportunities. Border research also  
highlights how gender and racialization shape experiences of violence and psychosocial distress.  
The review concludes that documentation can help people exercise their rights when supported  
by accessible procedures, protection mechanisms, and services able to provide continuity of care  
throughout migration trajectories.  
Keywords: human mobility, personal integrity, social inclusion, human rights, Ecuador.  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 06 de agosto de 2026.  
Fecha de aceptación: 16 de octubre de 2026.  
Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026.  
2026  
Acosta-Velásquez et a. (2026)  
integridad personal y la igualdad  
formal y con el carácter material que  
eso exige. Valorando que el derecho  
a una vida digna está asociado al  
acceso a bienes y servicios como la  
salud, la educación, el trabajo, etc.  
Las investigaciones que han  
1
. Introducción  
Ecuador reúne condiciones de país  
de tránsito y con destino para la  
población que ingresa por la frontera.  
Una parte de las personas que  
entran a Ecuador se establece en  
dicho territorio, pero otra parte  
continúa con sus mundos y viaja  
regularmente a otros lugares o  
analizado  
las  
respuestas  
ecuatorianas al fenómeno de la  
migración venezolana evidencian la  
instalación de restricciones de  
vuelve  
a
desplazarse. Varela  
Enríquez y Salazar Espinoza (2024)  
decantan a partir del análisis de  
acceso,  
dificultades en la aplicación de éstas  
Malo, 2022). Para una persona  
así  
como  
también  
registros  
de  
nacimientos,  
(
defunciones y egresos hospitalarios  
la presencia de la población  
migrante esta distancia se expresa  
en situaciones concretas, como por  
ejemplo, aquella persona que solicita  
atención con una documentación  
que el establecimiento desconoce; el  
caso de un niño que se matricula en  
el centro educativo, pero que tiene  
un historial escolar complicado de  
certificar. La garantía cobra sentido  
cuando las instituciones logran dar  
respuesta a estas situaciones en el  
mundo real.  
venezolana  
en  
el  
territorio  
ecuatoriano. Estos datos son  
importantes para observar su  
relación con las instituciones  
ecuatorianas, pero el análisis de  
Herrera y Bonilla Mena (2026)  
también muestra cómo las familias  
ponen en tensión sus planes de  
movilidad por las condiciones de  
exclusión y precariedad.  
La  
formulación  
de  
servicios  
En el presente artículo, la noción de  
contempla tanto a las personas que  
se establecen como a las que  
requieren protección al migrar. La  
Constitución de la República del  
Ecuador (2008, arts. 40 y 66)  
reconoce el derecho a migrar, la  
"
integridad social" hace referencia,  
por una parte, a la cuestión de la  
protección de la integridad de la  
persona y, por la otra, a las  
cuestiones que permiten participar  
en la sociedad de destino. La  
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Movilidad humana y derechos a la integridad social.  
primera se refiere a las dimensiones  
física, psíquica, moral y sexual, así  
como a la protección frente a  
situaciones de violencia; la segunda  
hace alusión al trato igualitario, así  
como a las oportunidades de acceso  
a servicios y al trabajo. La cuestión  
que guía la revisión está relacionada  
con el cómo todas esas trayectorias  
de movilidad y las barreras de  
2. Marco teórico  
Movilidad  
humana  
migratoria  
y
regularización  
Ecuador  
en  
La movilidad humana social puede  
albergar situaciones con  
necesidades de protección que son  
distintas. Así la migración hace  
alusión al desplazamiento de las  
personas, en tanto que la solicitud de  
asilo y el reconocimiento de la  
regularización, discriminación  
y
acceso a servicios se articulan en el  
ejercicio de esos derechos. El  
objetivo es analizar esa relación en  
Ecuador a partir de los estudios  
científicos desde 2022 a 2026,  
prestando especial atención a las  
personas venezolanas.  
condición  
de  
refugiado  
hace  
referencia a procedimientos y figuras  
de protección internacional. La  
condición  
administrativa  
puede  
variar en el tiempo de la trayectoria.  
Por ejemplo, una familia puede  
entrar al país, permanecer con un  
Se realizó una revisión narrativa  
mediante búsquedas en español e  
inglés utilizando combinaciones de  
palabras sobre movilidad humana,  
migración venezolana, Ecuador,  
regularización, discriminación, salud,  
educación y trabajo. Se incluyeron  
permiso temporal  
y
vislumbrar  
nuevamente la incertidumbre de no  
saber qué sucederá cuando la  
espera se supera. Arcentales  
Illescas (2025) detecta en la  
jurisprudencia  
necesidad  
ecuatoriana  
valorar  
la  
de  
las  
2
0 artículos de revista que hacían  
circunstancias desde cada etapa del  
proceso migratorio las  
referencia al caso ecuatoriano o bien  
y
lo  
incluían  
dentro  
regional.  
duplicados,  
de  
una  
Se  
consecuencias que una decisión  
estatal puede tener para la persona  
y la familia.  
comparación  
excluyeron  
tesis,  
informes y publicaciones fuera del  
periodo considerado.  
El análisis de Malo (2022) identifica  
tensiones que hay entre el  
2028  
Acosta-Velásquez et a. (2026)  
reconocimiento jurídico de la  
institucionales que los aplican.La  
utilidad de un documento concreto  
supone que la persona puede  
conseguirlo, renovarlo y usarlo ante  
otros organismos. Zanzzi Díaz et al.  
(2025) señalan la existencia de  
movilidad  
preventivas que se han adoptado en  
respuesta al desplazamiento  
y
las  
respuestas  
venezolano.A nivel regional, Al Nijjar  
Salloum (2022) evidencia cómo  
distintos gobiernos combinaron  
restricciones al ingreso con medidas  
de regularización de las personas  
que ya se encontraban en su  
problemas  
para certificar  
venezolanos  
documentos  
y
advierten que estos problemas son  
una causa de dificultades para  
incorporarse al mercado de trabajo.  
De este modo, un trámite originado  
en la esfera migratoria puede  
acentuar la existencia de la  
dependencia del trabajo informal o  
reducir la opción de estabilizar a la  
familia. Hiemstra (2024) relaciona los  
procesos de irregularización con la  
posibilidad de establecer en el lugar  
de trabajo relaciones que favorezcan  
la explotación. Su análisis muestra  
cómo una economía es capaz de  
incorporar a la mano de obra  
migrante mientras mantiene a parte  
de aquellas personas que trabajan  
en irregularidad jurídica y social. Así,  
el análisis de la regularidad debe  
contemplar la duración de los  
territorio.  
Estas  
medidas  
se  
producen en momentos distintos de  
la trayectoria. Una persona que  
cumple con las condiciones del  
programa de residencia puede  
regularizar su situación, mientras  
que a otra se le imposibilita el  
ingreso o acreditar que cumple con  
los requisitos de elegibilidad. La  
combinación de ambos instrumentos  
puede ayudar a dar cuenta de por  
qué los efectos de las políticas son  
diferentes incluso entre personas  
que proceden del mismo país.  
Beyers y Low (2026) abordan la  
aplicación  
de  
programas de  
de personas  
regularización  
venezolanas en Ecuador entre 2019  
y 2025. Su investigación muestra  
que la duración de los derechos  
acotados bajo estos programas y su  
alcance dependen de cómo se  
permisos,  
la  
posibilidad  
de  
renovarlos y las oportunidades que  
permite su reconocimiento, por  
ejemplo, en el mundo del trabajo  
formal.Una evaluación que priorizara  
diseñen  
y
de  
las  
disputas  
la  
cantidad  
de  
documentos  
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Movilidad humana y derechos a la integridad social.  
expedidos captaría un producto  
administrativo, pero dejaría de tener  
en cuenta la continuidad del acceso  
a derechos. El lugar donde se  
desarrolla la movilidad también  
impacta en las decisiones de las  
familias. Herrera y Bonilla Mena  
contexto,  
algunas  
mujeres  
desarrollaron el retorno como una  
estrategia de cuidado. Al tratarse de  
experiencias situadas, su valor de  
análisis responde a explicar cómo se  
articulan las restricciones con las  
decisiones que mismas participantes  
toman y su capacidad de protegerse  
en condiciones adversas. Castro  
Trujillo (2026) ubica la movilidad  
(2026)  
comparan  
proyectos  
familiares en Quito y Huaquillas,  
dónde en las trayectorias analizadas,  
el desplazamiento posterior se  
presenta como una forma de  
reestructuración del proyecto familiar  
en función de condiciones críticas,  
de exclusión o de xenofobia. Esta  
anotación viene a extender la idea,  
secundaria  
en  
un  
ejercicio  
comparativo  
entre  
Colombia,  
Ecuador, Perú y Chile y estudia la  
relación de las respuestas  
restrictivas —las cuales muchas  
veces son subjetivas— con la  
precariedad del estatus migrante.  
que  
hemos  
desarrollado  
previamente, de que la llegada a un  
país receptor cierra la trayectoria. De  
esta forma, una familia también  
puede optar por un nuevo destino en  
caso que ya no tenga recursos, que  
sus redes de apoyo se apliquen o  
que sus posibilidades de vivir con  
seguridad tiendan a reducirse.  
En el conjunto, estos trabajos  
ayudan  
a
comprender  
la  
regularización como un proceso que  
va de la llegada al trámite hasta el  
reconocimiento del documento ante  
la escuela, ante la unidad de salud o  
ante  
el/la  
empleador/a.  
Esta  
secuencia ayuda a conocer en qué  
lugar se ubica la barrera. Si es que la  
persona desconoce los requisitos, el  
problema estará en la información. Si  
los conoce y el documento que  
Bonilla Mena (2026) investiga del  
retorno de las mujeres de Venezuela  
en el marco de la epidemia por  
COVID-19. Su análisis muestra que  
las restricciones que el Estado  
realizaba y la hostilidad social  
afectaron las posibilidades de  
moverse y de permanecer. En este  
exigen  
resulta  
ser  
complejo,  
corresponde mirar las condiciones  
de elegibilidad. Si lo tiene y una  
institución lo rechaza, el problema se  
2030  
Acosta-Velásquez et a. (2026)  
ubica en la aplicación de los  
procedimientos. La distinción sí  
cuenta, porque cada etapa del  
proceso demanda una respuesta  
institucional-consecuente.  
Brasil  
mediante  
un  
estudio  
transversal de métodos mixtos. El  
trabajo muestra diferencias entre  
países dentro de la producción de  
relatos sobre inseguridad, violencia y  
apoyo recibido.Las experiencias  
Integridad personal y bienestar  
durante la movilidad  
recogidas se vinculan  
a
las  
circunstancias de salida, es decir, a  
las políticas en los países de  
acogida, que son‐o no‐coherentes  
con la situación de partida. La  
comparación permite ver si cambian  
las condiciones de exposición al  
riesgo según el entorno, si bien el  
diseño y la naturaleza de los relatos  
La protección de la integridad  
personal abarcará la protección  
frente a la acción violenta y los daños  
a las dimensiones física, psíquica,  
moral y sexual (Constitución de la  
República del Ecuador, 2008, art.  
66.3).  
Esta  
protección  
es  
paralelamente  
atribución de las diferencias a una  
política nacional, proyectar  
restringen  
la  
contextualizada en la migración, en  
el tránsito por las fronteras, que debe  
ir acompañada del momento de  
llegada y, en otras respectivas  
condiciones de vida, convivencia,  
trabajo y atención institucional. Para  
su análisis es importante señalar la  
existencia de agresiones directas y  
reflexionar sobre las barreras que  
dificultan pedir ayuda o denunciar,  
pues éstas pueden perpetuar el daño  
al que una persona está expuesta y  
que las condiciones de una persona  
que busque un servicio de protección  
forman parte de la garantía efectiva.  
y
cualquier conclusión al conjunto de  
la población de Venezuela.  
El trabajo de Rocha-Jiménez et al.  
(2025) sobre salud mental en  
contextos fronterizos de Ecuador y  
Chile, basado en entrevistas con  
informantes clave, también permite  
examinar el rol del racismo y de las  
desigualdades de género en las  
formas en las que las personas son  
expuestas a la movilidad y se  
relacionan con las instituciones.  
Bartels et al. (2023) compararon  
experiencias de mujeres y niñas  
venezolanas en Ecuador, Perú y  
Una mirada interseccional permite  
observar cómo la nacionalidad, la  
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Movilidad humana y derechos a la integridad social.  
situación migratoria, y el género  
interaccionan en encuentros  
competencia laboral se relacionan  
con el menosprecio de la población  
venezolana en el comercio informal  
de Quito. Los tipos de discurso de  
inseguridad que se revisan imputan  
visiones que pueden alimentar el  
concretos. Así, las barreras de  
protección pueden asomarse con  
distintas  
intensidades  
entre  
personas que comparten la misma  
nacionalidad o cruzan el mismo paso  
fronterizo.  
rechazo  
a
las  
comunidades.  
Interpretarlos como indicadores de  
conductas delictivas distorsionaría la  
evidencia y reproduciría el estigma  
que el estudio examina. Desde la  
consideración de derechos, el  
interés está puesto en las  
consecuencias que ello puede  
acarrear para la convivencia, la  
dignidad y las posibilidades de lograr  
protección.  
En Guayaquil, Tulcán y Ciudad de  
Panamá, Aranda et al. (2025)  
realizaron entrevistas con 37  
informantes clave. Las personas  
informantes relacionadas asociaron  
el malestar psicosocial de mujeres  
migrantes la  
incertidumbre, el duelo migratorio, la  
violencia la discriminación.  
También señalaron a las familias, a  
y
refugiadas  
a
y
La posibilidad de solicitar ayuda  
depende de que las instituciones  
sean accesibles en los momentos  
que se precisan. Pinto-Alvarez et al.  
las  
comunidades  
y
a
las  
organizaciones  
sociales  
como  
fuentes de apoyo.Al analizarse esta  
información a partir de actores  
claves, estos resultados ponen de  
relieve factores percibidos y recursos  
de apoyo y constituyen el punto de  
partida para la elaboración de  
preguntas sobre continuidad de la  
atención, pertinencia de los servicios  
y acceso a los acompañamientos.  
(2024)  
identifican  
prácticas  
discriminatorias y dificultades en  
relación con la propia capacidad de  
los servicios sanitarios. Una persona  
puede acceder a un establecimiento  
y
quedar sin una valoración  
adecuada o sin la derivación  
requerida. Por eso, el análisis del  
acceso necesariamente debe incidir  
en lo que sucede tras el primer  
contacto, la continuidad del apoyo  
cuando esa persona cambia de lugar  
La xenofobia tiene un correlato en lo  
concreto del trato cotidiano. Célleri  
(
2023)  
estudia  
cómo  
las  
y
percepciones de inseguridad  
2032  
Acosta-Velásquez et a. (2026)  
de residencia.  
emergencia e insisto en que deben  
analizarse las condiciones del  
sistema de salud así como la  
implementación de las políticas.  
Posteriormente, Pinto-Alvarez et al.  
Inclusión social y acceso efectivo  
a derechos sociales  
El acceso a derechos sociales  
permite que las personas y las  
(2024) combinaron 28 entrevistas a  
informantes clave con el análisis  
documental de una sentencia de la  
Corte Constitucional para desarrollar  
un caso. En él, un recién nacido hijo  
de una familia colombiana refugiada,  
da lugar a examinar la derivación  
entre niveles de atención y la  
responsabilidad estatal. La situación  
judicial da cuenta de la distancia  
entre recibir un primer contacto y  
recibir la atención que la condición  
clínica demanda.  
familias  
permanezcan  
en  
la  
comunidad. Una escuela que admite  
al estudiante, una unidad que  
sostiene el tratamiento  
o
un  
empresario que tiene en cuenta su  
experiencia pueden incrementar sus  
opciones de participación. La  
Constitución de la República del  
Ecuador (2008, art. 66.2) se refiere a  
estas condiciones cuando habla de  
humanidad. La inclusión social se  
puede abordar a partir del recorrido  
por parte de los y las que utilizan  
cada servicio, considerando el  
ingreso, la forma de ser tratados y el  
porcentaje de cumplimiento. Esta  
perspectiva da lugar a diferenciar  
entre una garantía escrita como  
norma y el uso que se da en la vida  
cotidiana.  
La vía de la derivación durante el  
transito pierde eficacia si la persona  
se extrae antes de la consulta o no  
tiene información suficiente para  
reanudarla  
en  
cualquier  
ruta  
alternativa. Una necesidad en el  
tiempo transforma a la continuidad  
en un aspecto muy importante.La  
relación que hay entre la salud  
mental, las redes familiares y las  
condiciones de acogida elaborada  
por Aranda et al. (2025) apunta a la  
En salud, Serrano Córdova et al.  
(2023) revisaron cómo impactaron  
las políticas ecuatorianas en el  
derecho a la atención de los  
migrantes venezolanos durante la  
conveniencia  
vinculación  
comunitario  
de  
entre  
y
evaluar  
la  
el  
apoyo  
pandemia.El propone  
trabajo  
los  
servicios  
barreras que sobrevinieron en la  
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Movilidad humana y derechos a la integridad social.  
profesionales. La confianza en el  
primer punto de atención y la  
claridad en la red de deriva o de  
salida son aspectos observables que  
pueden explicar parte de las  
diferencias en el acceso a la salud  
mental.  
discriminación y la violencia en el  
subnivel medio de la educación  
general básica. El trabajo también  
muestra que el rendimiento del  
alumnado participante procedente  
del  
país  
caribeño  
resultaba  
equiparable con las medias que  
presenta la media nacional en  
términos generales. La coexistencia  
de esos datos muestra la escasa  
capacidad del rendimiento como  
En el ámbito educativo, Torres et al.  
(
2024) examinaron la existencia de  
documentos de políticas  
educativas, 12 normas nacionales y  
acuerdos internacionales, 31  
1
3
indicador  
de  
inclusión.  
hablar  
Una  
de  
y
calificación  
puede  
entrevistas con informantes clave.  
Su estudio tiene lugar en el marco de  
la inclusión de las niñas y niños  
migrantes en la educación pública  
desde el bienestar y los derechos  
humanos, y les lleva a observar si la  
escuela tiene los procedimientos de  
aprendizajes para bien, y, al mismo  
tiempo, puede también decir poco  
sobre el trato que recibe el  
alumnado. La matrícula escolar, la  
continuidad en la escuela y la  
convivencia  
son  
formas  
complementarias de valorar el  
ejercicio del derecho.  
acogida  
pertinentes  
y
puede  
responder ante problemas que  
conciernen a la seguridad y la  
La literatura laboral ha detectado  
barreras en la incorporación inicial y  
en las condiciones de empleo que se  
logra.Célleri (2024) analiza a los  
jóvenes venezolanos en el mercado  
laboral y la protección social de  
Ecuador. El concepto de inclusión  
diferencial define la participación  
económica bajo condiciones de  
desigualdad en el acceso a la  
formalidad y a la protección laboral.  
Algunas personas pueden generar  
permanencia  
del  
alumnado.El  
ingreso inicial establece un camino  
de entrada, lo que significa que la  
convivencia y la respuesta ante las  
situaciones de exclusión, por su  
parte, condicionan de alguna manera  
la experiencia escolar a lo largo del  
tiempo.  
Villarreal-Puga y Araujo-Albarrán  
(2024) atestiguan las barreras  
burocráticas y la experiencia de la  
2034  
Acosta-Velásquez et a. (2026)  
ingresos y, sin embargo, mantener  
una exposición a situaciones de  
inestabilidad con un menor margen  
para afrontar la pérdida del empleo,  
la enfermedad o el cambio de  
domicilio. El acceso a una ocupación  
laboral debe ser entendido, por  
tanto, de modo que se incorporen la  
calidad y las condiciones de la  
misma.  
documentación orienta los trámites,  
pero la evaluación por la parte  
contratante también tiene una  
influencia importante en el acceso a  
la oportunidad laboral.  
Ambas cosas pueden condicionar la  
una a la otra: una unidad familiar con  
ingresos  
inestables  
puede  
estrangular la posibilidad de poder  
costear un desplazamiento hacia  
una unidad sanitaria o de poder  
sostener una oportunidad escolar  
para los hijos e hijas; o bien un  
ámbito familiar que se traslada  
puede comenzar nuevamente el  
Mediante un experimento con la  
participación  
recursos humanos en el Ecuador,  
Fabregas Zanoni (2025)  
de  
personal  
de  
y
identificaron que los perfiles de  
personas venezolanas recibían, en  
promedio, menos recomendaciones  
de contratación y ofertas salariales  
más bajas que los perfiles locales  
correspondientes. La configuración  
empírica ofrece evidencia sobre las  
proceso  
de  
condición  
de  
matriculación o bien perder los lazos  
con un servicio que conocía su  
historia.Estos  
vínculos  
son  
mecanismos plausibles que surgen  
de la lectura de la evidencia del  
sector y la investigación sobre las  
trayectorias familiares (Herrera &  
Bonilla Mena, 2026) que permiten  
identificar estas relaciones y guiar su  
estudio con el alcance que dan los  
diseños y los contextos de los  
artículos rescatados.  
decisiones  
ante  
y
perfiles  
permite la  
experimentales  
exploración de una etapa de  
reclutamiento formal concreta.Al  
revisar el estudio de Célleri (2024), la  
observación revela dos instancias de  
exclusión en el ámbito laboral: la  
valoración y selección previas a la  
incorporación y la evaluación de las  
circunstancias en el caso de quienes  
ya han dado el paso a entrar en el  
De la forma más sencilla, una  
medida de inclusión tiene que verse  
en el lugar donde una persona  
intenta implementarla. En salud,  
interesa saber si llegó a completarse  
mundo  
del  
trabajo.  
La  
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Movilidad humana y derechos a la integridad social.  
la derivación. En educación interesa  
saber cómo podemos revisar la  
permanencia y la respuesta ante  
situaciones de acoso. Y en empleo,  
el acceso a contratos y a la  
seguridad social permiten evaluar la  
calidad de la inserción. Estos  
criterios convierten las amplias  
obligaciones en posibilidades de  
población migrante del país o a otros  
años posteriores a los analizados.  
Además, los trabajos  
correspondientes a varios años  
pueden estar elaborados en base a  
trabajos de un mismo tiempo.  
Una lectura integrada permite  
ofrecer la garantía de derechos a lo  
largo de tres espacios de decisión.  
Las administraciones migratorias  
también determinan las condiciones  
de la documentación y permanecer  
en el país. Las administraciones de  
salud, educación y protección son  
quienes deciden cómo concretar los  
derechos a partir de la atención  
cotidiana. Las instituciones privadas  
indicadores  
que  
pueden  
ser  
comparados por localidad y por  
etapa de la trayectoria migratoria.Las  
investigaciones revisadas presentan  
distintos tipos de evidencia. Los  
trabajos de tipo jurídico son aquellos  
que interpretan las garantías y las  
decisiones del Estado. Los relatos de  
las entrevistas ejemplifican las  
barreras y las respuestas en los  
casos que se analizan; las  
investigaciones de métodos mixtos  
ponen de manifiesto las experiencias  
contrastadas entre grupos; el  
experimento sobre contratación se  
centra en conocer decisiones ante  
perfiles comparables. La diversidad  
de estudios posibilita identificar los  
momentos del proceso migratorio en  
que se producen las barreras. De  
otra parte, la probada concentración  
de los estudios en las poblaciones  
venezolanas y localización limitadas  
restringe la extrapolación también a  
otras nacionalidades, a toda la  
también  
deciden  
sobre  
las  
oportunidades, como indica la  
evidencia sobre el reclutamiento.  
Esta pluralidad de actores es la que  
justifica la importancia de la  
coordinación de la información, el  
reconocimiento de documentos y los  
itinerarios de derivación.  
3. Conclusiones  
Las  
trayectorias  
de  
tránsito,  
y
permanencia,  
retorno  
desplazamiento posterior alteran las  
necesidades de la protección por  
parte de la población destinataria de  
2036  
Acosta-Velásquez et a. (2026)  
la migración en Ecuador. La  
y en acceso a condiciones laborales  
protegidas. La revisión realiza un  
diagnóstico de los puntos de  
intervención institucional y deja  
abierta la necesidad de medirlo en  
diferentes territorios. Las próximas  
regularización contribuirá  
a
la  
posibilidad de ejercer derechos  
siempre y cuando la documentación  
que sea posible acceder, haya sido  
continuada  
y
la misma sea  
reconocida institucionalmente para  
quienes dedican parte de sus  
recursos a atender servicios o  
comprobar requisitos laborales. La  
investigaciones  
deberían  
ver  
trayectorias individuales y familiares  
en el tiempo y a su vez tratar de  
observar de una forma más precisa  
cómo se relacionan la regularización,  
el trato de la población de la  
migración y el ejercicio de los  
derechos.  
posibilidad  
dependerá  
de  
establecerse  
de las  
también  
condiciones concretas de acogida  
existente en cada coyuntura. La  
integridad personal se compromete  
en los instantes en los cuales las  
personas experimentan violencia o  
discriminación, y no pueden acceder  
a apoyos. Las evidencias tomadas  
de las mujeres y de las niñas y de los  
contextos asociados a la frontera  
que pueden evidenciar que las  
dificultades de intervención pueden  
tener características dispares en  
función del género, de la edad, de la  
racialización y de la situación  
documental. La atención psicosocial  
y las rutas de la protección deberían  
ser capaces de ir a las diferencias.  
La inclusión en la salud y en la  
educación se traduce en continuidad  
de la atención y de la escolarización.  
En el trabajo la inclusión se erige en  
decisiones equitativas de incorporar  
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